Hará INE con lo que tiene

Al acatar fallos judiciales
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CDMX.- El Consejo General
del INE acordó reanudar el proceso rumbo a la consulta de revocación de
mandato, como se lo ordenaron la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal
Electoral federal.

 

 

Los consejeros
aseguraron que, con seguridad, habrá consulta si es que se cumplen los
requisitos, pero advirtieron que la organizarán con lo que tienen, lo que quizá
implique instalar menos casillas si Hacienda no les otorga los recursos
necesarios para realizar el ejercicio ciudadano.

 

 

Lorenzo Córdova
aclaró que el TEPJF mandató al INE a adecuar su presupuesto, pero sin poner en
riesgo sus atribuciones constitucionales ni sus obligaciones legales o
estatutarias en materia laboral. Mientras la Corte resuelve de fondo el asunto
presupuestario, con los recursos que el INE tiene disponibles tomará las
medidas conducentes para realizar la revocación, dijo.

 

 

En este marco, el
consejero presidente aclaró que la sentencia del tribunal mandata hacer una
adecuación presupuestal, pero que el documento establece que “no se pueden
poner en riesgo, ni las atribuciones constitucionales ni sus obligaciones
legales ni las obligaciones estatutarias en materia laboral”, luego que el
Presidente en su conferencia matutina consideró que se debían bajar los sueldos
y viáticos de asesores y consejeros.

 

 

Córdova Vianello
explicó que mientras la Suprema Corte de Justicia resuelve el asunto
presupuestario de fondo, “el INE seguirá, con los recursos que hoy dispone,
tomando las medidas conducentes, hoy y por las semanas por venir para realizar
la revocación de mandato con los recursos que nos fueron proveídos y que este
instituto logre generar”.

 

 

Subrayó que la
revocación se va a hacer con lo que se tenga, y si eso significa disminuir el
número de casillas, así se hará.

 

 

Entre los recursos
que le fueron proveídos por la Cámara de Diputados y otros que logró generar,
el árbitro electoral tiene una bolsa de mil 503 millones de pesos.

 

 

La consejera Carla
Humphrey apuntó que con el acuerdo para retomar los trabajos sobre revocación
de mandato se reactivarán 70% de las actividades programadas y que están
pendientes por la suspensión, 49 procesos con 190 actividades específicas para
retomar las actividades en torno a esta consulta.

 

 

En su participación,
la consejera Claudia Zavala dijo que “nunca estuvo en duda que el INE iba a
llevar a cabo la revocación de mandato, el tema fue cómo la íbamos a hacer, y
eso fue lo que pusimos a discusión de los tribunales respecto del modelo
constitucional y legal que nos rige y la suficiencia presupuestal”.

 

 

Agregó: “Hay que
festejar. La verdad es que el Estado de derecho está imperando aquí y dejó una
premisa muy clara la sala superior que tiene que ver también con una suspensión
que ya se dio en la Suprema Corte de Justicia, sobre los derechos laborales”.

 

 

Los partidos Morena y
PT insistieron en mencionar que el INE debería recortar los derechos laborales
de empleados, que no son constitucionales, como los gastos médicos mayores y el
fondo de separación y retiro, además del fideicomiso inmobiliario.

 

 

No se afectarán
prestaciones laborales.

 

 

En su sentencia, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mandata al INE a volver
a revisar su presupuesto actual y el de 2022 a fin de adecuarlo y garantizar la
realización de la revocación de mandato, pero sin “afectar sus obligaciones
constitucionales, legales, estatutarias y laborales”, por lo que no le sería
posible al instituto disminuir las prestaciones laborales y programas para
elecciones, credenciales para votar, monitoreo de radio y televisión, entre
otras cosas, para organizar la revocación de mandato.

 

 

La sentencia
propuesta por el magistrado Felipe Fuentes Barrera explica que “la responsable
aún tiene en el ámbito de sus atribuciones de autonomía presupuestaria el deber
de explorar diversos actos para generar economías y seguir garantizando la
consecución de un procedimiento con todos los requerimientos técnicos, pues si
bien alude que este tipo de ejercicio de democracia directa es similar al de
una elección presidencial, es evidente que no requiere que se lleven a cabo
todos los actos particulares y actuaciones que las elecciones conllevan por lo
que las decisiones que adopte al respecto deben estar debidamente
justificadas”.

 

 

 “Tiene (el INE), en el ámbito de sus
atribuciones de autonomía presupuestaria el deber de explorar diversos actos
para generar economías”, Felipe fuentes, Magistrado del TEPJF.

 

 

El documento dice que
“se instruye al INE para que, de conformidad con sus atribuciones de gestión
presupuestaria y en observancia de las políticas, normas y procedimientos para
la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto, así
como de lo previsto en la normatividad en materia de presupuesto y
responsabilidad hacendaria:

 

 

Realice y gestione
las adecuaciones presupuestales necesarias, sin afectar sus obligaciones
constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de estar en
posibilidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades
calendarizadas en el proceso de revocación de mandato; o bien,

 

 

 De subsistir la insuficiencia, realice las
gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto
de solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado
desarrollo del proceso de revocación de mandato.

 

 

En la página 48 del
documento se vincula a la Secretaría de Hacienda “para que,  en caso de que el INE haga una solicitud de
ampliación presupuestaria para atender dicho proceso… dé respuesta a la
brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé
cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de
participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato”.

 

 

Más adelante, se
agrega que “la Secretaria, de Hacienda y Crédito Público es la autoridad
competente para gestionar erogaciones adicionales a las aprobadas en el
Presupuesto de Egresos y al igual que el INE (en el ámbito de su competencia)
se encuentra obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos. Es decir, en el ámbito de sus atribuciones debe proveer lo necesario a
fin de garantizar instrumentalmente por medio de sus actuaciones, el derecho de
la ciudadanía de participar en el proceso de revocación de mandato.”