La inseguridad en las empresas afecta al desarrollo económico local, al empleo y la reputación de las entidades, advierte el instituto.
CDMX
Durante 2021, se cometieron 829 mil delitos de extorsión en el país; de estos, 67.6 mil correspondieron a extorsiones en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso. En 44.8 por ciento de los casos se pagó dicha exigencia, porcentaje superior al de 2019, de 44.6. Esto quiere decir que al menos, cuatro de cada 10 empresas cedieron ante las amenazas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el resultado de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022, aunque durante 2021, se estima que 24.6 por ciento de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito, lo que equivale a 1.2 millones de unidades económicas víctimas y el porcentaje es menor al de 2019, cuando fue de 30.5 por ciento, pero la extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia.
En videoconferencia para dar detalles del resultado de la encuesta, el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, Oscar Jaimes, explicó que la disminución en el porcentaje de delitos se debe a que las medidas de contingencia por la pandemia del covid-19 llevaron a que algunos negocios disminuyeran sus operaciones de forma física, lo que implicó menor interacción con las personas, esto también propició que los costos asociados con la seguridad disminuyeran.*
No obstante, “la extorsión fue el delito más frecuente, agrupando cerca de 29 por ciento del total de los delitos; después, con cerca de 20 por ciento, el robo o asalto de mercancía, dinero, insumo o bienes”, señaló.
El vicepresidente del Inegi, Adrián Franco, precisó que, en los negocios de todo el país, relacionados con comercio, la industria o los servicios, cualquiera que sea su tamaño, la inseguridad y la delincuencia forman parte de su vida cotidiana.
“Eso lo podemos ver cuando observamos que una de cada cuatro unidades económicas, es decir, aproximadamente 1.2 millones de unidades, económicas fueron víctimas de al menos un delito común durante el 2021; esto es 2.9 millones de delitos fueron cometidos contra estas unidades económicas a lo largo de nuestro país”, señaló el vicepresidente del Inegi.
“Hay algunos tipos de delitos que se acrecientan más; por ejemplo, la extorsión que, como hemos visto en los datos, fue en 2019 el principal delito en 13 entidades; sin embargo, en el 2021 ya es el principal delito en 21 entidades de nuestro país cometidos contra las unidades económicas”, indicó.
Respecto a los robos o los asaltos, el funcionario agregó que en 12 por ciento de las unidades económicas hubo presencia este tipo de delitos, pero, además, se utilizó algún tipo de arma en uno de cada tres delitos y en 6 por ciento hubo agresión física.
Impactos
Explicó que la consecuencia principal de todo este contexto de inseguridad y delincuencia para las unidades económicas tiene que ver directamente con el cambio que realizan sus propietarios o quienes las administran en su vida diaria; por ejemplo, una de cada cinco unidades económicas redujo los horarios de producción o de atención al público; además, dejaron de manejar efectivo y 15 por ciento de las empresas canceló inversiones.
“Estas estas condiciones que cambian la vida de los negocios, evidentemente, tienen una afectación, no solamente para la vida de las de las unidades económicas, si se trata de un negocio de tamaño micro, es una afectación prácticamente a la familia que sostiene ese negocio, pero si se trata de negocios donde hay empleo, el empleo se ve afectado al reducir las actividades de producción o de comercialización”, dijo Oscar Jaimes.
“Y se generan otras consecuencias como es una afectación al desarrollo económico local, al empleo en las localidades e, incluso, a la reputación de las entidades o en el nivel macro, la reputación a nivel nacional de la posibilidad de hacer negocios en nuestro en nuestro país”, alertó.
