Senador de Arizona propone bono de $2,500 por deportación
Las finanzas públicas de Arizona están en el ojo del huracán, con una propuesta que redefiniría la relación entre las fuerzas del orden y la comunidad migrante; se avecina un debate crucial sobre la asignación de recursos y sus potenciales consecuencias
Un nuevo impuesto a las remesas internacionales, con tarifas que van desde los $25 dólares hasta un 5% adicional para envíos superiores a $500, es la columna vertebral del Proyecto de Ley del Senado 1111 (SB 1111), una propuesta que ha generado un intenso debate en Arizona. Este proyecto, impulsado por el senador republicano Jake Hoffman de Queen Creek, ofrece un incentivo de $2,500 dólares a las agencias locales y estatales por cada migrante detenido y deportado.
La iniciativa, según sus defensores, busca fortalecer la aplicación de la ley migratoria y alinear las acciones estatales con la política federal. Hoffman argumenta que el dinero solo se liberará tras la confirmación de la deportación, asegurando que los fondos se destinarán a la captura y traslado de "extranjeros ilegales delincuentes". Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores.
Organizaciones como Puente AZ, representada por Melina Arellano, han expresado su profunda preocupación. Arellano advierte sobre el potencial efecto disuasorio que el SB 1111 podría tener en la comunidad inmigrante, generando miedo a reportar crímenes o solicitar ayuda a la policía por temor a la deportación. Esta situación, argumenta, podría perjudicar la seguridad pública y erosionar la confianza entre la comunidad y las fuerzas del orden.
La justificación del impuesto a las remesas, según Hoffman, radica en la creencia de que muchos grupos criminales utilizan estas transferencias para enviar ganancias ilícitas a sus países de origen. Sin embargo, críticos señalan que este impuesto afectará desproporcionadamente a las familias inmigrantes, muchas de las cuales dependen de estas transferencias para su sustento.
Más allá de las implicaciones financieras, Arellano destaca el potencial de la ley para exacerbar el clima de xenofobia y discriminación ya existente. Señala el aumento del discurso de odio en redes sociales contra la comunidad inmigrante, un fenómeno que, teme, se vería amplificado con la aprobación del SB 1111.
La sesión del Senado de Arizona de este jueves será crucial. El debate sobre el SB 1111 pondrá cara a cara a quienes defienden una postura firme en materia migratoria y a quienes temen las consecuencias negativas de la propuesta, tanto para la comunidad inmigrante como para la seguridad pública en general. El futuro del SB 1111, y con él, el futuro de miles de familias en Arizona, pende de un hilo.
