Taquería de Phoenix cerrada: Inmigrantes indocumentados y armas
Lo que comenzó como una investigación rutinaria terminó destapando una red de empleo irregular en pleno corazón de Phoenix; agentes de Seguridad Nacional llevaban meses siguiendo la pista de un negocio de tacos que, según documentos judiciales, operaba bajo un esquema de contratación fuera de la ley
Un operativo conjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) desató una investigación que sacude los cimientos de la escena gastronómica local. Todo comenzó con una denuncia anónima sobre posibles prácticas laborales ilegales en una cadena de taquerías.
La redada del martes pasado en tres establecimientos propiedad de Blademir Angulo Audeves, dueño de "Taqueria El Taco Loko", un camión de tacos y un puesto ambulante, dejó al descubierto una compleja operación que involucraba mucho más que simples infracciones laborales.
- Se encontraron 12 trabajadores indocumentados en condiciones deplorables.
- Se confiscaron 3 armas de fuego sin licencia y cientos de cartuchos.
- Se halló evidencia de un extenso sistema de pagos en efectivo, sin registro alguno.
Mientras Audeves afirma ante las autoridades que solo contrataba a personas ya presentes en Arizona, los testimonios de varios empleados contradicen su versión. Se alega que el empresario cobraba hasta $12,000 dólares por facilitar la entrada ilegal al país a trabajadores mexicanos.
El historial migratorio de Audeves, que incluye una entrada ilegal en 2011, una salida voluntaria en 2021 y un regreso irregular tres meses después, complica aún más la situación. Este complejo entramado de irregularidades ha generado un gran revuelo en la comunidad.
La reputación de los negocios de Audeves, conocidos por sus bajos precios y gran afluencia de clientes, se ve ahora empañada por las graves acusaciones. Vecinos sorprendidos y competidores que habían escuchado rumores sobre sus prácticas, observan con atención el desarrollo del caso.
Audeves enfrenta ahora cargos federales por entrada ilegal al país, albergue de migrantes indocumentados, posesión ilegal de armas de fuego y empleo deliberado de personal sin autorización. El futuro de sus negocios y su propia libertad penden de un hilo, mientras la comunidad espera el desenlace de esta impactante investigación que ha revelado una cara oscura detrás de la popularidad de sus taquerías.
