Juez rechaza demanda de estudiantes extranjeros por cancelación de visas en Arizona
Lo que comenzó como una tormenta legal para estudiantes internacionales en Arizona terminó con un acuerdo discreto en los tribunales federales; un juez desechó tres demandas colectivas presentadas por más de una docena de alumnos extranjeros cuyos visados F-1 fueron cancelados abruptamente por el gobierno estadounidense, dejándolos en riesgo inmediato de deportación
Un escándalo de proporciones nacionales sacude al sistema migratorio estadounidense: más de 1300 estudiantes, en 210 universidades de todo el país, vieron sus visados cancelados abruptamente en una polémica operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La controversia, que involucra una nueva política de revisión criminal implementada entre marzo y abril de 2025, ha generado un terremoto legal con órdenes de restricción temporal emitidas en varios estados.
- Más de 1,300 estudiantes afectados en 210 universidades.
- 50 estudiantes de la Arizona State University perdieron su estatus legal.
- La Universidad de Arizona se negó a proporcionar cifras exactas sobre los afectados.
El ICE utilizó datos del sistema SEVIS, que rastrea el estatus migratorio de estudiantes internacionales, cruzándolos con registros del Centro Nacional de Información Criminal. Esta acción, según la denuncia, resultó en la "terminación masiva de visados, incluso por cargos menores ya desestimados". Los abogados de los demandantes describieron cómo el ICE marcó los registros SEVIS con la leyenda: "Falla en mantener estatus – Individuo identificado en revisión criminal y/o con visa revocada". El programa de Entrenamiento Práctico Opcional (OPT), que permite a los estudiantes trabajar tras finalizar sus estudios, fue particularmente afectado.
En Arizona, la incertidumbre se apoderó de estudiantes de grado y posgrado en los condados de Pima y Maricopa. "Temían perder años de inversión académica y ser deportados a centros de detención migratoria", explicó el abogado Matthew Green. La situación se agravó hasta que jueces en Arizona, California, Nueva York y Washington intervinieron con órdenes de restricción temporal, frenando las cancelaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) posteriormente restauró el acceso a los registros SEVIS de los estudiantes afectados, aunque su portavoz, Tricia McLaughlin, negó que se tratara de un retroceso, argumentando que solo se restauró el acceso a aquellos que "mantenían vigencia migratoria". El gobierno alegó que las demandas habían perdido objeto, mientras que los abogados de los estudiantes destacaron que el ICE acordó no volver a cancelar visados basándose únicamente en antecedentes penales.
La batalla legal continúa. Organizaciones como la Presidents' Alliance on Higher Education mantienen demandas en Filadelfia, acusando al gobierno de socavar el sistema migratorio para estudiantes internacionales. Si bien el fallo en Arizona establece un precedente, el futuro de los estudiantes internacionales permanece incierto, con la posibilidad de revisiones caso por caso. El incidente deja una profunda incertidumbre sobre el futuro de los programas de intercambio académico y la confianza en el sistema migratorio estadounidense.
