Despidos en Intel Arizona a pesar de millonarios subsidios estatales
La industria tecnológica en Arizona vuelve a estar bajo el reflector; esta vez, los reflectores apuntan hacia Intel, el gigante de los semiconductores, que parece estar ajustando su nómina una vez más en medio de un panorama financiero complejo
Un velo de incertidumbre se cierne sobre la planta de Intel en Chandler, Arizona. Tras el anuncio del gobierno federal de una participación accionaria del 10% en la empresa, la compañía ha notificado el despido de 97 empleados, según documentos presentados ante el Departamento de Seguridad Económica de Arizona. Este recorte, comunicado bajo la Ley WARN, se produce apenas un mes después de una reestructuración que afectó a casi 700 trabajadores.
La adquisición gubernamental, financiada con subsidios de la Ley CHIPS y celebrada por el presidente Trump como un triunfo para la producción nacional de chips, contrasta con la realidad de los despidos. "Ahora controlamos parte de una empresa clave para el futuro de este país," declaró Trump en redes sociales. Sin embargo, la Ley CHIPS, impulsada durante la administración Biden, parece no garantizar la estabilidad laboral dentro de la empresa, a pesar de los casi $4 mil millones aprobados para la expansión de las instalaciones en Chandler.
- La Ley CHIPS, a pesar de su objetivo de revitalizar la industria de semiconductores en Estados Unidos, está dejando una estela de incertidumbre para los trabajadores de Intel.
Intel, a pesar de recibir importantes fondos, enfrenta una dura competencia internacional y una caída en sus ingresos. Esta situación ha generado tensión en la planta de Chandler, evidenciada por las 800 llamadas a la policía este año relacionadas con incidentes en las instalaciones, que van desde conflictos laborales hasta denuncias por condiciones de trabajo inseguras. "Cada vez que hay noticias de inversiones, terminamos pagando el precio con despidos," confesó un empleado anónimamente, reflejando el sentir de una plantilla que observa con recelo el futuro.
La adquisición gubernamental, si bien pretende asegurar la estabilidad de Intel, no garantiza la solución a sus problemas de competitividad. Analistas advierten que la empresa aún debe demostrar su capacidad para competir con fabricantes asiáticos. Mientras tanto, cerca de 20 empresas esperan cerrar acuerdos bajo la Ley CHIPS, y los despidos en Chandler plantean serias interrogantes sobre el verdadero impacto de esta legislación en el empleo estadounidense. El futuro de los trabajadores de Intel en Arizona, y posiblemente de otras empresas beneficiarias de la Ley CHIPS, permanece incierto.
