Arizona levanta mandato de vacuna contra COVID-19 antes de la temporada de gripe
Mientras el otoño se acerca y con él la temporada de enfermedades respiratorias, Arizona toma medidas para garantizar que sus habitantes no queden desprotegidos; una jugada estratégica desde el escritorio de la gobernadora busca eliminar barreras en medio de un panorama donde el acceso a medicamentos sigue generando debate a nivel nacional
Con el objetivo de agilizar la vacunación contra el COVID-19 en Arizona, la gobernadora Katie Hobbs emitió una orden ejecutiva que allana el camino para una distribución más amplia y accesible de la última versión de la vacuna aprobada por la FDA. Esta decisión, que ha generado reacciones diversas, impacta directamente al Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) y al Consejo de Farmacia del estado, instándolos a garantizar un acceso sin trabas a la inmunización.
La orden ejecutiva, de la cual este medio posee una copia, establece puntos cruciales para la implementación de esta nueva estrategia:
- Eliminación de la necesidad de una receta médica individual para la administración de la vacuna en farmacias.
- Implementación de una autorización estándar que funcionará como una prescripción colectiva para facilitar el proceso.
- Garantizar la cobertura total de las vacunas por parte de las aseguradoras, sin costos adicionales para los pacientes.
Esta medida llega semanas después de la autorización federal de la nueva fórmula, la cual impuso restricciones para menores de edad generando controversia. "La salud de los arizonenses es mi prioridad", declaró la gobernadora Hobbs en un comunicado de prensa, justificando su decisión con el respaldo de las recomendaciones de importantes colegios médicos a nivel nacional. La gobernadora enfatizó la necesidad de una respuesta rápida y eficaz ante posibles brotes.
El ADHS confirmó que se encuentra trabajando arduamente en la logística para implementar la orden ejecutiva antes del final del mes. Mientras tanto, las farmacias ya comienzan a recibir los primeros envíos de la nueva vacuna, pero se anticipan posibles dificultades en la distribución equitativa en zonas rurales. Se espera que la iniciativa impulse una mayor tasa de vacunación, aunque la implementación efectiva dependerá de la colaboración entre agencias gubernamentales y el sector privado.
Si bien la orden ejecutiva se mantiene dentro del marco legal establecido, su enfoque en maximizar la accesibilidad a la vacuna anti-COVID-19 ha sido recibido con un amplio espectro de opiniones. Aunque las reacciones iniciales han sido matizadas, se anticipa un debate público en torno a su impacto a largo plazo, particularmente ante las ya anunciadas acciones legales por parte de grupos antivacunas que cuestionan la medida.
