Caso Maradona: Juicio suspendido por dudas sobre la imparcialidad de la jueza
La muerte de Diego Maradona sigue dejando coletazos. Un nuevo capítulo se ha abierto en el juicio por su fallecimiento, generando incertidumbre entre la opinión pública y, sobre todo, entre los familiares y allegados al astro del fútbol
Un escándalo sacude el juicio por la muerte de Diego Maradona. La controversia se centra en la posible parcialidad de la jueza Julieta Makintach, del Tribunal Oral y Criminal de San Isidro, cuya supuesta participación en un documental sobre el caso ha generado la solicitud de suspensión del proceso por parte de la fiscalía y las defensas.
El conflicto surge a raíz de la filmación no autorizada de escenas dentro de la sala de audiencias por parte de dos camarógrafos, presuntamente vinculados a una productora con la que la jueza Makintach tendría relación. Esta situación, según el fiscal Patricio Ferrari, “compromete gravemente la credibilidad del poder judicial”. Las imágenes, grabadas sin el consentimiento de los implicados, violan el reglamento interno y el derecho a la privacidad del proceso judicial.
La jueza Makintach ha rechazado las acusaciones de parcialidad, asegurando su compromiso con la imparcialidad y prometiendo ofrecer aclaraciones en la próxima audiencia. "Estoy dispuesta a apartarme del caso si se presentan pruebas contundentes que demuestren mi falta de objetividad," afirmó. Sin embargo, la gravedad de las alegaciones ha llevado al tribunal a aprobar la suspensión del juicio hasta el 27 de mayo.
Mientras tanto, los siete profesionales de la medicina acusdos de homicidio simple con dolo eventual—Leopoldo Luque (médico personal), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini y Pedro Di Spagna (médicas), Mariano Perroni (representante de empresa de enfermería) y Ricardo Almirón (enfermero)— aguardan con incertidumbre la resolución. Se les acusa de negligencia en el cuidado de Maradona durante su internación domiciliaria tras una cirugía por un hematoma subdural en noviembre de 2020. El próximo 27 de mayo se decidirá sobre la continuidad de la jueza Makintach en el caso y la posible necesidad de volver a llamar a declarar a los casi cincuenta testigos ya escuchados. La posibilidad de una pena de hasta 25 años de prisión planea sobre los acusados mientras se resuelve este delicado conflicto.
