El plan migratorio de Trump en Guantánamo: un fracaso económico y legal
La logística de las operaciones migratorias suele ser compleja, requiriendo una coordinación milimétrica entre diferentes agencias gubernamentales; detalles aparentemente menores pueden convertirse en cuellos de botella, impactando en costos y eficiencia
Un nuevo informe de NBC News destapa un plan secreto de la administración Trump para convertir la base naval de Guantánamo en un gigantesco centro de detención para inmigrantes indocumentados. El proyecto, inicialmente concebido para albergar hasta 30,000 personas, se enfrenta a un muro de obstáculos, principalmente económicos y legales.
La principal traba reside en el elevado coste del traslado de los detenidos a Guantánamo. Si bien el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) utiliza vuelos chárter relativamente económicos, la opción de emplear aviones militares, como el C-130, dispara los costes a entre $207,000 y $249,000 dólares por viaje redondo, un promedio de $23,000 a $27,000 dólares por persona. A esto hay que añadir los gastos de personal de seguridad, médico y de gestión aérea, inflando aún más el presupuesto.
Pero el transporte no es el único problema. La infraestructura de Guantánamo es totalmente inadecuada para una población tan masiva. Las instalaciones, descritas como tiendas de campaña sin aire acondicionado ni agua corriente, incumplen los estándares mínimos de detención del ICE. Aunque la base llegó a albergar a 178 hombres venezolanos, actualmente solo permanecen 20 detenidos. Esta precaria situación infraestructural está creando un severo cuello de botella.
A las dificultades logísticas se suman las disputas interdepartamentales. El ejército y el ICE, responsables de la detención de los inmigrantes, discrepan sobre el control operativo, generando retrasos y confusión en la asignación de recursos. El Pentágono desplegó más de 1,100 soldados para ayudar, pero las demoras en la planificación y la asignación de recursos están paralizando las operaciones. El ICE, con un presupuesto ya ajustado, se enfrenta a una presión inmensa para ejecutar este controvertido programa.
Por último, pero no menos importante, el plan choca frontalmente con la ley. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha interpuesto una demanda para impedir el traslado de diez individuos a Guantánamo, tachándolo de "un infierno viviente". La demanda argumenta que estas transferencias violan la ley federal y las protecciones constitucionales del debido proceso de la Quinta Enmienda. A esta se suma otra demanda, presentada en febrero, que alega la falta de acceso a asistencia legal y a la comunicación para los detenidos.
Mientras tanto, la administración insiste en la necesidad de usar Guantánamo alegando razones de seguridad nacional, presentando la ampliación de las operaciones como parte de una estrategia mayor para "desmantelar cárteles criminales". El futuro de este polémico plan, sin embargo, permanece incierto, envuelto en una maraña de costes desorbitados, disputas internas y fuertes oposiciones legales.
