Redadas del ICE en Nuevo México dejan 48 migrantes desaparecidos
La vida en las ciudades de Nuevo México, especialmente en Santa Fe, Roswell y Albuquerque, ha estado marcada por una atmósfera de incertidumbre en las últimas semanas; eventos recientes han generado una ola de preocupación entre la población, especialmente entre la comunidad migrante
Una ola de indignación recorre Nuevo México tras la misteriosa desaparición de 48 inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante operativos realizados a principios de marzo. La falta de información oficial sobre su paradero ha desatado una crisis de confianza y ha puesto en entredicho las prácticas del ICE.
El silencio del ICE ante las demandas de información sobre los 48 inmigrantes ha generado fuertes críticas. NBC News fue el primero en reportar la desaparición, revelando que los arrestos ocurrieron durante una semana de redadas culminando el 8 de marzo. La ausencia de explicaciones ha alimentado especulaciones y temores entre la comunidad inmigrante.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha calificado la situación como inaceptable, señalando la posible violación de los derechos humanos de los detenidos. En un comunicado, la ACLU afirmó que la falta de transparencia por parte del gobierno estadounidense, al desconocer el paradero de personas bajo su custodia, las deja desprotegidas legalmente.
Aunque el ICE ha confirmado los arrestos, alegando que 21 de los detenidos tenían órdenes finales de deportación y otros enfrentaban cargos por crímenes graves, se ha negado a proporcionar información sobre los 48 desaparecidos, rechazando revelar sus identidades o su situación actual. Esta opacidad ha reforzado las sospechas de irregularidades.
La abogada principal de la ACLU en Nuevo México, Rebecca Sheff, ha denunciado la imposibilidad de contactar a las familias de los desaparecidos, destacando la gravedad de la situación y calificando las desapariciones como una violación a la Constitución estadounidense y a las normas internacionales de derechos humanos. La ACLU ha presentado una queja formal ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional.
La ACLU ha intensificado su presión, exigiendo la aprobación de la Ley de Seguridad de los Inmigrantes en Nuevo México, una legislación crucial para limitar la cooperación entre las agencias estatales y el ICE y así prevenir futuras operaciones de este tipo en la región.
El caso de los 48 inmigrantes ha generado un debate nacional sobre la transparencia y los derechos humanos en las políticas migratorias de Estados Unidos, dejando a familias y activistas con una profunda incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos y exigiendo una investigación exhaustiva e inmediata.
