Redada masiva desmantela parte del Tren de Aragua en Estados Unidos
La semana pasada estuvo marcada por una intensa actividad en materia de seguridad nacional en Estados Unidos; operaciones encubiertas, movilizaciones de agentes y una escalada en la retórica política pintaron un panorama complejo, que involucra a una organización criminal con fuerte presencia en Latinoamérica

Un juez federal ha frenado temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por la administración Trump contra presuntos miembros del Tren de Aragua, tras una ola de detenciones que ha generado controversia a nivel nacional e internacional. Esta decisión judicial, que solicita mayor información sobre las deportaciones y el proceso legal, sigue a la detención de 68 supuestos miembros de esta organización criminal venezolana en menos de una semana, sumándose a las 394 detenciones en los últimos 100 días, según el Departamento de Seguridad Interior (DHS).
La polémica decisión del gobierno de Trump de designar al Tren de Aragua como organización terrorista y reactivar una ley del siglo XVIII ha provocado un intenso debate. Mientras la Casa Blanca justifica sus acciones, argumentando una "incursión predatoria" del grupo y la complicidad del régimen de Maduro, organizaciones como el Brennan Center for Justice denuncian la aplicación desproporcionada e ilegal de la ley, señalando posibles violaciones de derechos humanos. El Salvador, por su parte, ya ha recibido a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
A pesar de la suspensión temporal, el DHS, a través de un portavoz anónimo, asegura que continuará con las operaciones para neutralizar al Tren de Aragua, afirmando su compromiso de “expulsar a estas basuras de las calles de Estados Unidos”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la postura del gobierno en una rueda de prensa, vinculando la situación con un presunto plan de desestabilización orquestado por el gobierno venezolano.
La administración Trump sostiene que el Tren de Aragua ha aprovechado los flujos migratorios venezolanos para infiltrar sus miembros en Estados Unidos, actuando como brazo operativo del régimen de Maduro. Se rumorea que una orden ejecutiva clasifica a cualquier ciudadano venezolano mayor de 14 años vinculado al grupo como “enemigo extranjero”, sujeto a deportación inmediata sin posibilidad de apelación. Esta medida, junto a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, ha puesto en evidencia la compleja intersección entre seguridad nacional, inmigración y derechos humanos en el contexto de la crisis venezolana. La controversia legal y el debate público sobre la respuesta del gobierno a la amenaza del Tren de Aragua están lejos de resolverse.