El control de seguridad en aeropuertos de EE. UU.: ¿Seguridad vs. libertades civiles?
Cruzar la frontera estadounidense puede ser una experiencia compleja, llena de detalles que, a veces, pasan desapercibidos; pensar en vuelos internacionales, largas esperas y posibles contratiempos puede generar ansiedad, especialmente para quienes viajan por primera vez
Un creciente número de incidentes en aeropuertos estadounidenses está reavivando el debate sobre los derechos de los viajeros en la frontera. Desde el streamer Hasan Piker, interrogado sobre sus opiniones políticas en Chicago, hasta la influencer Savanna, detenida por más de dos horas en Miami con revisión de su teléfono, las experiencias negativas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se multiplican, generando preocupación entre la población.
Estas situaciones han puesto en jaque la legalidad de las prácticas de la CBP. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que son procedimientos rutinarios de seguridad, la realidad es que la delgada línea entre la seguridad nacional y la violación de derechos individuales se vuelve cada vez más borrosa. Expertos legales, como el abogado de inmigración Brad Bernstein, destacan la disparidad de protecciones constitucionales entre el interior y los puntos de entrada a Estados Unidos, un vacío legal que otorga a la CBP un amplio margen de actuación.
La clave radica en la distinción entre inspecciones básicas y avanzadas. Mientras las primeras no requieren justificación, las segundas demandan un mínimo de sospecha razonable. Aunque la CBP puede solicitar el desbloqueo de dispositivos electrónicos, no existe obligación legal de acceder a la petición. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) recomiendan medidas preventivas como minimizar la información personal en dispositivos electrónicos y cerrar sesión en cuentas en la nube para proteger la privacidad.
La obligación de portar documentación también es un punto crucial. Si bien los ciudadanos estadounidenses no están obligados a llevar consigo prueba de ciudadanía dentro del país, los extranjeros mayores de 18 años sí deben portar sus documentos migratorios válidos. El incumplimiento puede resultar en detención.
El DHS admite un incremento en las revisiones fronterizas, aunque niega un aumento significativo de las búsquedas electrónicas avanzadas. La CBP, por su parte, insiste en que estas medidas son esenciales para la protección nacional, pero la creciente ola de denuncias alimenta la inquietud sobre el balance entre seguridad y libertades individuales. Las preguntas sobre la proporcionalidad y transparencia de estos procedimientos permanecen sin respuesta contundente.
El debate sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales en la frontera estadounidense está lejos de concluir, dejando un futuro incierto para los viajeros que atraviesan los puntos de entrada del país.
