Allanamientos y despliegue militar: Trump intensifica la ofensiva contra sus críticos
El ambiente político en Washington se tensa cada vez más mientras el gobierno de Donald Trump avanza con una serie de acciones que sus críticos califican como una "cacería de brujas" contra sus detractores; lo que comenzó como promesas de campaña ahora se materializa en investigaciones, allanamientos y despliegues militares que han encendido las alarmas en sectores demócratas y analistas independientes
Un informe confidencial del FBI, filtrado a la agencia Associated Press, detalla una creciente campaña de intimidación y represalias orquestada desde la Casa Blanca contra opositores políticos y críticos del presidente. El documento, que cita fuentes anónimas dentro del Departamento de Justicia, revela una estrategia sistemática para silenciar voces disidentes y consolidar el poder ejecutivo.
El caso más reciente involucra a John Bolton, exasesor de seguridad nacional y ahora uno de los críticos más vocales del presidente. "Esta administración opera bajo una lógica de retaliación, no de justicia", declaró Bolton en una entrevista días antes de que agentes del FBI registraran su residencia. Fuentes cercanas al caso sugieren que la investigación gira en torno al manejo de información clasificada, aunque los tiempos sospechosamente convenientes han levantado serias preocupaciones.
La lista de objetivos es amplia y reveladora:
- Letitia James, fiscal general de Nueva York que demandó a la Organización Trump por fraude.
- Adam Schiff, senador que lideró el primer juicio político contra Trump.
- Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York ahora bajo la lupa federal.
Desde el Despacho Oval, el presidente ha dejado claro que no piensa detenerse. "Soy el jefe de las fuerzas del orden", afirmó durante una conferencia de prensa, mientras defendía su derecho a supervisar cualquier proceso legal en curso. Sus palabras contrastan fuertemente con las críticas recibidas en 2022, cuando calificó el registro a Mar-a-Lago como "persecución política". Esta aparente hipocresía ha generado una ola de indignación entre los grupos de derechos civiles.
El Departamento de Justicia, ahora bajo el mando de Pam Bondi, ha dado pasos que refuerzan esta estrategia:
- Indagatoria sobre los orígenes de la investigación Russiagate, un claro intento de desviar la atención de las propias acciones del presidente.
- Presión para revisar casos contra aliados del presidente, socavando la imparcialidad del sistema judicial.
- Despidos selectivos de fiscales considerados "poco alineados", creando un ambiente de miedo y autocensura.
En las calles, el escenario no es menos polémico. El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington D.C. —justificado como "combate al crimen"— ha generado comparaciones con regímenes autoritarios. "Cuando mezclas tropas con procesos judiciales selectivos, el mensaje es claro", advirtió un profesor de derecho de George Washington bajo condición de anonimato. El despliegue militar sin precedentes ha exacerbado las tensiones sociales.
Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que solo aplica la ley. "El presidente está restaurando el equilibrio después de años de abusos", declaró la portavoz Abigail Jackson. Sin embargo, documentos obtenidos por AP revelan que al menos 60 exfuncionarios figuran en una lista interna marcada como "Estado Profundo" —incluyendo exasesores que testificaron en su contra durante los juicios políticos. La lista, en sí misma, es evidencia de una campaña de vigilancia y represalia política.
El patrón se repite en el ámbito militar. Tres docenas de oficiales perdieron sus autorizaciones de seguridad esta semana, todos ellos vinculados a decisiones que contradijeron al mandatario. El secretario de Defensa, por su parte, ha purgado mandos considerados "poco leales", según reportes internos. Esta purga militar sin precedentes amenaza la estabilidad institucional del país.
Las universidades también están en la mira. Varias instituciones recibieron advertencias sobre recortes de fondos si no alinean sus políticas con las directrices del gobierno. Paralelamente, bufetes de abogados que litigaron contra Trump enfrentan sanciones que van desde la exclusión de contratos federales hasta la obligación de ofrecer "servicios legales pro bono" como compensación. Esta presión sobre la academia y el sector legal busca silenciar completamente cualquier oposición.
En los pasillos del Capitolio, los demócratas hablan de un "peligroso precedente", pero carecen de herramientas para frenar lo que algunos académicos ya llaman "la presidencialización de la justicia". La respuesta de la oposición ha sido hasta ahora insuficiente para detener este ataque frontal a las instituciones democráticas. Mientras el Departamento de Justicia amplía sus investigaciones, Trump prepara nuevos anuncios que, según filtraciones, incluirían más despliegues militares en Chicago y otras ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, consolidando un patrón de intimidación y control.
