Tensión entre el gobierno federal y Boston por políticas migratorias
El pulso entre el gobierno federal y las ciudades que se resisten a aplicar políticas migratorias duras acaba de escalar a un nuevo nivel. Boston, bajo el liderazgo de la alcaldesa Michelle Wu, se ha convertido en el nuevo blanco de una estrategia legal que busca desmantelar lo que la Administración Trump llama "refugios para la inmigración ilegal"
En los barrios latinos de Boston, la incertidumbre se respira en cada esquina. La amenaza de una posible revocación de la Ley de Confianza, que protege a los inmigrantes de la colaboración directa entre la policía local y el ICE, ha generado un clima de temor entre la comunidad. "Si la policía empieza a preguntar por papeles, la gente dejará de denunciar crímenes", advierte una trabajadora social del Centro Comunitario de East Boston, quien prefiere mantener el anonimato.
Este temor se sustenta en la batalla legal que enfrenta la ciudad con el gobierno federal. La controversia gira en torno a la Ley de Confianza de Boston, vigente desde 2014, y que limita la colaboración de la policía local con las autoridades migratorias federales. El Departamento de Justicia alega que esta normativa viola la cláusula constitucional de supremacía federal. "No podemos permitir que jurisdicciones locales pongan en riesgo la seguridad nacional", afirmó la fiscal general Pam Bondi.
Detrás de la disputa legal se esconde un profundo choque ideológico:
- El gobierno federal acusa a Boston de liberar a inmigrantes acusados de delitos graves.
- La alcaldía argumenta que cooperar con ICE erosionaría la confianza entre la policía y las comunidades migrantes.
- Estudios independientes refutan la idea de que las ciudades santuario tienen tasas de criminalidad más altas.
La alcaldesa Wu ha respondido con firmeza a las acusaciones federales. "Esto no es sobre seguridad, es sobre política", declaró durante una conferencia de prensa. La mandataria demócrata, hija de inmigrantes taiwaneses, ha convertido este enfrentamiento en un símbolo de resistencia contra lo que califica como "tácticas de intimidación".
El expediente judicial muestra que entre 2015 y 2024, las autoridades de Boston rechazaron 287 solicitudes de detención migratoria del ICE. La falta de especificación sobre cuántos casos involucraban delitos violentos deja espacio a interpretaciones contradictorias.
El gobierno federal llega a esta batalla con un historial de derrotas. En los últimos 18 meses, ha perdido tres demandas similares contra Chicago, Illinois y California, debilitando su argumento sobre la obligación de las ciudades de actuar como brazo extendido de las autoridades migratorias.
Mientras los abogados preparan sus argumentos, la resolución del caso recae en el tribunal federal de Massachusetts. Su decisión podría redefinir los límites del poder federal sobre las políticas locales. Sin embargo, la historia de Boston, una ciudad con una larga tradición de desafío a la autoridad, sugiere que no se rendirá fácilmente.
