Corte Suprema avala operativos de ICE pese a denuncias de perfil racial
La tensión en las calles de Los Ángeles escaló este lunes tras una decisión judicial que podría cambiar las reglas del juego en las redadas migratorias; la Corte Suprema de Estados Unidos levantó las restricciones que impedían a las autoridades realizar operativos basados en criterios amplios, como hablar español o estar en zonas frecuentadas por jornaleros
La Corte Suprema de Estados Unidos, con una votación de 6-3, dejó sin efecto una orden judicial que frenaba detenciones migratorias señaladas por organizaciones civiles como discriminatorias hacia la comunidad latina. El fallo, emitido sin explicación extensa por la mayoría conservadora, llega en medio de operativos donde agentes de ICE han realizado arrestos en paradas de autobús, lavaderos de autos y estacionamientos de tiendas.
De acuerdo con documentos judiciales, la Casa Blanca habría establecido una meta de 3,000 arrestos diarios. En Los Ángeles, donde el 51% de la población es de origen hispano, la medida ha generado especial preocupación.
El juez Brett Kavanaugh justificó la decisión mayoritaria asegurando que detener brevemente a personas que cumplen con “criterios de sentido común” —como trabajar en construcción o hablar poco inglés— no equivale a discriminación. En contraste, la jueza Sonia Sotomayor, en una dura disidencia respaldada por las magistradas progresistas, advirtió: “No deberíamos vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera por verse latino, hablar español y tener un trabajo de bajos ingresos”.
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong había sido quien originalmente bloqueó estos operativos, argumentando que se basaban en perfiles raciales sin sospecha individual. El Departamento de Justicia, por su parte, defendió que las restricciones previas funcionaban como un “corsé” que limitaba a los agentes.
El fallo ocurre semanas después de que otro tribunal declarara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump en Los Ángeles. Con ello, la ciudad se mantiene en el centro de una disputa jurídica y política que refleja la división del país respecto a la política migratoria.
