Familiares de desaparecidos presionan a Sheinbaum por inclusión en reformas
La búsqueda de soluciones ante la crisis de personas desaparecidas en México ha cobrado un nuevo impulso; mientras la indignación crece a nivel nacional, se abren debates cruciales sobre cómo abordar este problema de manera efectiva y con la participación activa de quienes más lo padecen: las familias
Más de 120,000 personas desaparecidas en México. Esta escalofriante cifra, agravada por el reciente descubrimiento de un posible centro de reclutamiento del narcotráfico en Rancho Izaguirre, Jalisco, por el colectivo Guerreros Buscadores, ha sacudido al país y puesto en jaque la estrategia gubernamental en la lucha contra la desaparición forzada.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido anunciando reformas clave para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), incluyendo la creación de una "base única de información forense" y una "plataforma federal de identificación humana". Sin embargo, estas medidas, aunque significativas, han sido recibidas con reservas por diversos sectores de la sociedad civil.
Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado la falta de un enfoque integral en la estrategia del gobierno, señalando la ausencia de un diálogo constructivo con las colectivas de búsqueda, quienes llevan años trabajando en terreno, a menudo con recursos limitados y enfrentando situaciones de riesgo.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que agrupa a cerca de 100 colectivos de México, Centroamérica y Estados Unidos, ha presentado una propuesta contundente con cinco ejes fundamentales para una verdadera colaboración con el gobierno:
- Búsqueda y seguridad: Garantizar la seguridad de los colectivos de búsqueda y la implementación de protocolos eficientes.
- Identificación: Modernizar y agilizar los procesos de identificación de restos humanos.
- Datos y sistemas de información: Crear un sistema de información unificado, transparente y accesible para las familias.
- Bienestar: Brindar apoyo psicológico, legal y económico a las familias de las víctimas.
- Prevención: Implementar estrategias de prevención para evitar futuras desapariciones.
El MNDM, con una década de experiencia en la búsqueda de personas, ha exigido su inclusión en la toma de decisiones, reconociendo la "apertura" de la mandataria, pero enfatizando la necesidad de una verdadera colaboración para que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de las familias afectadas. El futuro dependerá de la respuesta del gobierno a estas demandas y del compromiso real con una estrategia integral y participativa.
