Sheinbaum propone reforma a control de la Guardia Nacional
Recientemente, el panorama legislativo mexicano ha experimentado un giro significativo en materia de seguridad; cambios importantes están en camino, redefiniendo el papel de instituciones clave en la protección del país
La polémica decisión de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado un intenso debate a nivel nacional. La propuesta, ya en manos de la Cámara de Diputados, implica una profunda reforma legal que redefine el papel de la Guardia Nacional y amplía considerablemente las atribuciones de la Sedena.
Más allá de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, la iniciativa abarca un amplio espectro de modificaciones legales, incluyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y otras leyes secundarias relacionadas con el funcionamiento de las fuerzas armadas. Se busca, según el documento presentado, "fortalecer las capacidades" de la Guardia Nacional bajo el mando militar.
La ampliación de las facultades de la Sedena en materia de inteligencia es un punto particularmente controvertido. La iniciativa otorga a la Sedena la capacidad de "Generar, operar, procesar y utilizar información en materia de Seguridad Nacional para advertir riesgos y prevenir amenazas… coadyuven con la gobernabilidad y el fortalecimiento del estado de derecho”, lo que genera preocupaciones sobre la posible vulneración de derechos civiles y la falta de transparencia.
El líder parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, defendió la iniciativa como parte de una estrategia integral de seguridad nacional, destacando la “prevención, la inteligencia y la coordinación, incluso internacional”. Sin embargo, críticos argumentan que esta estrategia podría concentrar excesivo poder en manos del ejército y limitar el control civil sobre las fuerzas de seguridad.
El reciente incidente donde militares de la Guardia Nacional perdieron la vida en una explosión minera ha añadido una dimensión emotiva al debate. Mientras la presidenta Sheinbaum expresó su pésame y solidaridad con las familias de las víctimas, la tragedia ha servido para algunos como argumento a favor de la militarización de la seguridad pública, mientras que otros lo ven como un reflejo de los riesgos inherentes a la militarización de tareas de seguridad civil.
La propuesta, en su conjunto, redefine el rol de la Guardia Nacional, clarificando su carácter militar y delimitando su empleo a la preservación de la seguridad nacional bajo la supervisión directa de la Sedena. El futuro de esta iniciativa y sus implicaciones para el equilibrio entre seguridad y derechos humanos aún se encuentran en debate.
