Necesario garantizar libertad de expresión
Redacción
Nuevo Día/Ciudad de México
Combatir la impunidad de los crímenes contra
periodistas, garantizar el acceso a la información y eliminar el uso del
lenguaje estigmatizante contra la prensa, son parte de una agenda
mínima que ARTICLE 19 propuso en el marco de la presentación de su
informe Disonancia: voces en disputa.
La organización expuso que se tratan de acciones que las
autoridades de los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión
deben llevar a cabo, a fin de generar una política de Estado que
garantice la libertad de expresión y el derecho a la información en el
país.
Otros de los temas que esta agenda debe contener son:
garantizar la existencia de una política de protección integral para
periodistas; promover el desarrollo mediático y la independencia de los
medios de comunicación; combatir la desinformación y reconocer la
importancia de las mujeres en el espacio cívico.
En su mensaje, Ana Cristina Ruelas, directora regional
de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, recordó que con la
llegada del nuevo gobierno hubo un momento de armonía, con acciones que
daban un mensaje positivo. Sin embargo, conforme transcurrió el 2019 la
violencia contra periodistas y medios de comunicación no cesó, por el
contrario, mantuvo el crecimiento constante que se observó desde hace
doce años. Además, se vivieron nuevas amenazas a través de la
estigmatización al trabajo periodístico impulsadas desde la tribuna
presidencial.
La presentación del informe, difundida a través de las
redes sociales de ARTICLE 19, contó con los testimonios en video de
Jorge Sánchez, periodista e hijo de Moisés Sánchez, periodista
desaparecido y asesinado en Veracruz, así como de Alicia de los Ríos
Merino, integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de
Chihuahua.
Jorge Sánchez sentenció que “la negligencia no tiene
partido”, y que “la impunidad es la constante en la lista de periodistas
asesinados”. En tanto, Alicia de los Ríos Merino dijo que, “quienes
formamos parte de comunidades con víctimas directas e indirectas de la
desaparición forzada en el pasado reciente, tenemos claro que la
impunidad que ha cobijado a las autoridades responsables de la política
estatal contrainsurgente y a sus agentes, ha sido una de las causas
principales para que continúe perpetrándose tanto por autoridades como
por individuos particulares”. Por eso, demandó el cese de la censura y
restricciones a la información.
Mesa de discusión
En la mesa de discusión del informe, Jorge Carrasco
Araizaga, periodista y director de la revista Proceso, comentó que lo
que vive hoy la prensa en México es algo inédito, ya que, aunque en la
democracia los medios han jugado un papel fundamental, lo que se ha
vivido en el presente gobierno es todo lo contrario: “no hay
correspondencia de la solidez democrática con garantías para la libertad
de prensa”.
Carrasco precisó que, con la llegada del nuevo gobierno,
en apariencia progresista, se esperaba que se corrigieran males que se
venían arrastrando en las últimas dos décadas, pero se ha mantenido y
exacerbado el ambiente contra la prensa en México.
Sobre el comportamiento que se debe tener en este
ambiente de polarización y estigmatización a la que es sometida la
prensa desde el poder, recomendó no entrar en el mismo campo de batalla,
sino insistir en cumplir los deberes éticos del periodismo, que es la
revisión de los actos de poder en beneficio de la sociedad, siempre con
un trabajo periodístico equilibrado.
Cecilia La Hoz, abogada senior de la Relatoría de
Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, consideró que en la actual
administración los avances han sido lentos, como es el caso de la
eficacia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
Indicó que el gobierno federal no ha demostrado medias
para robustecer esta Fiscalía, los recursos son escasos y sigue
imperando el ambiente de impunidad en un 99% de los casos.
Respecto a los mecanismos de protección a favor de los
periodistas, expuso que no hay una priorización política para robustecer
el mecanismo y carece de un correcto análisis de riesgos a situaciones
en concreto.
Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios en
Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), consideró que un
trabajo pendiente del Estado es empoderar a actores para mejorar redes
comunitarias en un afán de garantizar y hacer el acceso a la información
más efectivo.
Respecto al fenómeno de la desinformación, puntualizó
que ésta ha adquirido nuevas dimensiones a partir de 2016 -con las
particularidades que tiene la era digital-, y llamó a combatir este
problema no sobre legislando, ya que la manera de actuar ante una
calumnia, injuria o mentiras debe ser con las mismas leyes existentes
que se aplican cuando estos delitos se dan en un entorno de medios off
line.
Yásnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y
activista de derechos lingüísticos en Ayuuk, opinó que el Estado debería
permitir que los sistemas de información fueran también colectivos, “no
solo se debe reconocer el derecho a la información que tienen los
habitantes de las comunidades indígenas de manera individual, sino
considerarlos como derechos a la información de entes colectivos”.
Criticó, además, el hecho de que en la parte lingüística
el Estado se ha centrado como si la realidad fuera monolingüe cuando la
realidad dice que no lo es. En este sentido, dijo, al no haber una
respuesta adecuada a la población que no habla español, resulta que el
Estado es el principal violador de los derechos de los indígenas.
Para concluir, ARTICLE 19 indicó que el informe
Disonancia: voces en disputa busca aportar elementos para revertir un
modelo antidemocrático, fincado en la censura y la falta de información
que atraviesa la institucionalidad vigente.