Proponen creación de registro de personas sentenciadas por delitos sexuales
La creación de un registro de personas sentenciadas por delitos de naturaleza sexual como un mecanismo de prevención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, propuso la diputada Natalia Rivera Grijalva a través de una iniciativa que reforma el Código Penal del estado, la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Ley de Niñas, Niños y Adolescentes.
Hermosillo, Son
La creación de un registro de personas sentenciadas por delitos de naturaleza sexual como un mecanismo de prevención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, propuso la diputada Natalia Rivera Grijalva a través de una iniciativa que reforma el Código Penal del estado, la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Ley de Niñas, Niños y Adolescentes.
La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) indicó que con este registro que estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado se busca tener una base de datos para que las autoridades tengan información referente a si las personas que ejercen oficios o actividades que impliquen contacto con niñas, niños y adolescentes, cuentan o no con sentencias condenatorias por delitos sexuales.
“Esto nos permitiría tender una red de protección a las niñas, niños y adolescentes garantizando que no tendríamos cerca de ellos, a personas que sean agresores sexuales sancionados. El registro no sería de naturaleza pública, porque la Suprema Corte de Justicia hace unas semanas se pronunció en contra de la naturaleza pública de este tipo de registros”, explicó.
“Por lo tanto, atendiendo a esta resolución de la Suprema Corte, la propuesta que hago es un registro que no sería público, pero si estaría totalmente a disposición de las autoridades que investigan y sancionan este tipo de delitos, y de manera muy importante para que podamos tener esa especie de certificación de no estar inscritos en este registro a todos aquellos que trabajen con niñas, niños y adolescentes”, continuó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis, discusión y probable dictaminación, para que pueda ser sometida a votación del pleno.