Avanza sin contratiempos la renovación del Poder Judicial de Sonora

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia informó que los 39 jueces electos asumieron funciones el 1 de septiembre y trabajan con normalidad; admite retrasos en audiencias penales por exceso de carga laboral

Avanza sin contratiempos la renovación del Poder Judicial de Sonora

Un mes después de la renovación de 39 plazas judiciales en Sonora, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Griego, ha confirmado la ausencia de renuncias entre los nuevos jueces. Este dato, que contrasta con la incertidumbre inicial sobre la estabilidad del nuevo sistema, indica un proceso de transición aparentemente fluido.

El magistrado aseguró que la primera etapa de la renovación de los poderes judiciales en el estado avanza sin contratiempos. "Todos los jueces electos tomaron posesión el 1 de septiembre y comenzaron a trabajar inmediatamente", declaró Acuña Griego, destacando el compromiso y la eficiencia del nuevo equipo judicial.

Los 39 jueces electos se encuentran desempeñando sus funciones desde el primer día. Su incorporación ha sido inmediata y sin incidencias, añadió el magistrado.

Sin embargo, a pesar de la estabilidad en la incorporación de los nuevos jueces, Acuña Griego reconoció retrasos en las audiencias, particularmente en materia penal. Estos retrasos, según el magistrado, no son atribuibles a la falta de jueces, sino a otras causas sistémicas.

El exceso de trabajo en materia penal, la limitación de juicios abreviados – pieza clave en el sistema de juicios orales penales – y su casi suspensión, han generado estos retrasos. Es una situación que estamos atendiendo, pero no se debe a una deficiencia en el desempeño de los jueces recién nombrados, aclaró Acuña Griego.

La renovación completa de los 50 cargos de jueces y magistrados en Sonora continúa su curso, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia en el estado. La atención se centra ahora en resolver los cuellos de botella que están afectando la eficiencia del sistema judicial, priorizando la agilización de las audiencias, especialmente en el ámbito penal.