1,500 soldados del Pentágono desplegados en la frontera tras la declaración de emergencia de Trump
La tensión en la frontera sur de Estados Unidos ha escalado se palpa un ambiente cargado, no solo por la creciente llegada de migrantes, sino por una decisión presidencial que está generando debate entre expertos militares y analistas políticos
La crisis migratoria en la frontera sur ha escalado a un nuevo nivel con el despliegue de tropas federales. Un memorando interno filtrado revela un plan para movilizar hasta 10,000 soldados, superando ampliamente el anuncio inicial del Pentágono. Esta información, obtenida por CBS News, contrasta con la declaración oficial del Secretario de Defensa interino, Robert Salesses, quien confirmó un despliegue inicial de 1,500 soldados en servicio activo, dedicados a tareas logísticas.
Este aumento significativo en el número de tropas sugiere una estrategia más amplia de lo inicialmente comunicado, incluyendo el uso de bases militares para albergar a migrantes en proceso de deportación, según el memorando fechado el 21 de enero. El documento detalla un incremento en recursos y personal para apoyar a la CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) con tecnología e infraestructura, apuntando a una intervención militar de mayor envergadura de lo inicialmente previsto.
Si bien el Pentágono insiste en que los 1,500 soldados desplegados inicialmente, incluyendo 500 infantes de marina de Camp Pendleton y de la Primera División de Marines en San Diego (según fuentes de la CNN), se limitarán a tareas logísticas como el pilotaje de helicópteros y la construcción de infraestructuras, la posibilidad del despliegue de 10,000 soldados y el uso de bases militares para albergar migrantes genera inquietud. Fuentes gubernamentales, citadas por The Associated Press, reafirman que las tropas no participarán en labores de cumplimiento de la ley, en consonancia con las declaraciones previas del zar de la frontera, Thomas Homan, quien en noviembre afirmó que los soldados realizarían "tareas no relacionadas con la aplicación de la ley".
La Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales en territorio nacional, plantea un desafío legal considerable. Sin embargo, una orden ejecutiva del Presidente Trump otorga 90 días para decidir si se invoca la Ley de Insurrección de 1807, abriendo la puerta a una posible escalada de la intervención militar. Esta posibilidad, sumada a las preocupaciones expresadas por el entonces jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, general Daniel Hokanson, en junio ante el Senado, sobre la asignación de recursos militares a tareas fuera de su entrenamiento, genera una gran controversia.
La discrepancia entre el anuncio oficial y la información filtrada, junto con las implicaciones legales y la potencial reacción social, plantean un escenario incierto con consecuencias de largo alcance, dejando a la nación pendiente de los próximos pasos del gobierno y el desarrollo de esta situación.
