Texas despliega 300 soldados en la frontera para reforzar seguridad migratoria
La tensión en la frontera sur de Estados Unidos sigue en aumento, con movimientos estratégicos que generan debate y preocupación; mientras la administración federal busca soluciones a la creciente llegada de migrantes, acciones en el terreno están reconfigurando el panorama
La creciente crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos ha generado una respuesta multifacética por parte del gobierno federal y estatal. En un movimiento que promete intensificar la presencia de seguridad en la región, se espera la llegada de 1,500 soldados del ejército estadounidense a Laredo, Texas, en las próximas semanas, como parte de un despliegue mayor que alcanzará los 10,000 efectivos. Esta decisión, anunciada por el Secretario de Defensa Pete Hegseth, se produce en medio de la frustración del gobierno federal por las cifras de deportaciones y el deseo de cumplir las promesas de campaña del presidente Trump.
Esta medida, descrita por Hegseth como un "multiplicador de fuerza", coincide con el despliegue de aproximadamente 300 soldados de la Guardia Nacional de Texas, ya anunciado previamente, para colaborar con la Patrulla Fronteriza en Laredo. El jefe del sector de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Jesse Muñoz, confirmó que los soldados estatales llegarán en aproximadamente un mes y operarán bajo la supervisión directa de agentes federales. Esta colaboración, resultado del acuerdo entre el Gobernador Greg Abbott y el Presidente Trump, otorga a los soldados de la Guardia Nacional de Texas la autoridad para realizar arrestos relacionados con inmigración, acompañados por agentes federales.
El Gobernador Abbott ha destacado el alcance de estas nuevas responsabilidades, afirmando que los soldados estarán autorizados a realizar las mismas funciones que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), incluyendo aprehensiones, arrestos y deportaciones. El Departamento de Seguridad Pública de Texas también participa activamente en estos esfuerzos.
Las críticas a esta estrategia no se han hecho esperar. Joseph Nunn, del Brennan Center's Liberty and National Security Program, ha expresado su preocupación sobre la utilización de personal militar en tareas de aplicación de la ley, argumentando que los soldados no están entrenados para desempeñar el rol de agentes de inmigración. Muñoz ha respondido a estas preocupaciones enfatizando que la supervisión de la Patrulla Fronteriza garantizará que las operaciones se lleven a cabo conforme a la ley.
La situación se complica aún más por la creciente presión sobre el gobierno federal para cumplir con sus objetivos de deportación. Informes recientes indican que el presidente Trump ha expresado su descontento por el bajo número de deportaciones, con un promedio de 787 arrestos diarios de ICE en la última semana de enero, significativamente menor a las cifras esperadas. Thomas Homan, exzar fronterizo de Trump, ha reconocido públicamente la dificultad de alcanzar las metas establecidas, lo que añade una capa de incertidumbre a esta compleja situación.
El aumento significativo en la presencia militar en la frontera, tanto de la Guardia Nacional como del ejército, refleja la creciente tensión en torno a la política migratoria estadounidense, planteando interrogantes sobre su efectividad a largo plazo y sus potenciales consecuencias para las relaciones federales y estatales.
