Decidirá Corte Superior caso Elena
Nuevo Día/Nogales, Arizona
La Corte Suprema informó el martes que decidirá si las familias de adolescentes mexicanos que fueron abatidos a tiros por agentes de la Patrulla Fronteriza, pueden demandar por daños en los tribunales de los Estados Unidos.
Los jueces señalaron que escucharán argumentos en Otoño, de un caso de Texas que involucró a un agente que disparó a través de la frontera entre Estados Unidos y México y que mató a un niño de 15 años.
El resultado también afectará a un segundo caso en Nogales, Arizona, donde un agente disparó contra un niño de 16 años en México, matándolo.
El agente de la Patrulla Fronteriza en ese caso Lonnie Swartz, fue absuelto dos veces de dispararle fatalmente a José Antonio Elena Rodríguez en octubre de 2012.
Los fiscales dijeron el año pasado que no buscarían un tercer juicio. La familia del adolescente presentó una demanda por daños y Cortes Inferiores permitieron que la demanda prosiga.
En el caso de Texas, los jueces escucharán; los tribunales llegaron a la conclusión opuesta al desestimarlo.
Precisamente, lo que sucedió allí, en la alcantarilla de cemento que separa a El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, en 2010 está en disputa, aunque eso no afectará la decisión legal de la Corte. La familia de Sergio Adrián Hernández Güereca, dijo que estaba jugando con sus amigos, un juego en el que corrían por la alcantarilla del lado mexicano y por el lado estadounidense para tocar una cerca.
El agente federal Jesús Mesa llegó en bicicleta y detuvo a una persona, mientras que las otras corretearon por la alcantarilla. Luego le disparó a Sergio mientras el niño corría, golpeándolo en la cabeza. Mesa y otros agentes que llegaron a la escena montaron en sus bicicletas, sin revisar al niño ni ofrecer asistencia médica, dijo la familia.
El agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Jesús Mesa Jr., dice que disparó su arma porque estaba siendo atacado por personas que tiraban piedras en el lado mexicano de la frontera. El Tribunal Supremo escuchó los argumentos en el caso en febrero de 2017, cuando el tribunal aún estaba en proceso de juicio después de la muerte del juez Antonin Scalia y antes de la confirmación del juez Neil Gorsuch .
Los ocho jueces enviaron el caso nuevamente a un tribunal inferior para procedimientos adicionales. Cuando el tribunal escuchó el caso inicialmente, el gobierno de Trump, al igual que su antecesor, argumentó que la ubicación de la muerte del adolescente en México, debería poner fin al caso.
Dijo que el derecho a demandar en los tribunales de Estados Unidos "no debe extenderse a los extranjeros heridos en el extranjero".
El caso es Hernández v. Mesa, 17-1678.
